Mediante Decreto Presidencial, se dictaron las normas básicas de actuación de todo el personal que ejerce la función pública, incluyendo a los obreros y contratados, a los fines de fortalecer el respeto, garantía y protección de los derechos humanos en el país. En tal sentido, los servidores públicos deben tratar a las personas en condiciones de igualdad real y efectiva, absteniéndose de realizar cualquier acto de discriminación basada en el origen étnico, religioso, condición social, género, orientación sexual, identidad de género, idioma, opinión política, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social. La normativa insta a los órganos y entes del Poder Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas adecuadas para la ejecución de este Decreto.

Presidencia de la República, Decreto 2654, Gaceta Oficial 41069, ene.6/16